Maig 2025
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en El Prat, en vigor desde 2024,
“supuestamente” pretende mejorar la calidad del aire, pero lo hace a costa de castigar a quienes menos tienen. Las restricciones, incluidas multas de hasta 200 euros por circular sin distintivo ambiental afectan a trabajado-res, autónomos y familias que no pueden permitirse cambiar su vehículo. Esta medida no es ecológica, sino punitiva y clasista.
Lo ocurrido recientemente en Francia debe servirnos de advertencia. El Gobierno de Emmanuel Macron, tras una fuerte contestación social y política, ha rectificado: ha flexibilizado los plazos, ha eximido a muchas ciudades de su aplicación obligatoria y ha reconocido que las ZBE deben adaptarse a la realidad local y social. Si en París, Lyon o Toulouse han sido capaces de admitir errores, ¿por qué aquí seguimos imponiendo una política que margina a nuestros vecinos? Cuando PSC y el Prat en Común te dicen que es una orden europea no te dicen toda la verdad, el área que limita la Zona de Bajas Emisiones sí que la decide el ayuntamiento, ellos son los que dicen qué está dentro o fuera la ZBE, por ejemplo, el polígono Mas Blau que no tiene ZBE.
El Prat forma parte de una zona ampliada junto a municipios como Gavà y Viladecans, lo que agrava aún más la situación para quienes dependen del coche para trabajar o cuidar de su familia. Desde VOX, exigimos una revisión inmediata del modelo actual. Defender el medio ambiente no puede convertirse en excusa para imponer más burocracia, más multas y menos libertad.
Rafael Millán Carracedo