Defensa del medio ambiente, sí; ecologismo punitivo, no

Febrer 2026

En El Prat se consolida un modelo de movilidad basado en prohibir, vigilar y sancionar. La propia información municipal explica que la “ultraZBE” opera en días laborables de 7:00 a 20:00 y que se controla mediante cámaras con lectura automática de matrículas.

Lo más revelador es el enfoque: el despliegue de 16 puntos de control no es gratuito. En contratación pública figura un importe de 591.304,72 € (IVA incluido) para poner en marcha esos puntos con cámaras. La Unión Europea no exige estos nuevos puntos de control; su despliegue es una decisión municipal. Y la estrategia recaudatoria depende exclusivamente del Ayuntamiento.

¿De verdad la prioridad era gastar más de medio millón en tecnología para multar, en lugar de destinarlo a alternativas útiles y medibles: refuerzo de transporte público, aparcamientos disuasorios, mejora de frecuencias e incentivos realistas con exenciones por renta y uso profesional para renovar vehículos?

Esta es la esencia del extremismo climático (Agenda 2030, Pacto Verde Europeo): convertir una causa legítima (mejorar el aire) en un dogma que castiga al vecino corriente. El perjudicado no es “el contaminador abstracto”, sino el trabajador con coche antiguo porque no puede cambiarlo, el autónomo con furgoneta, el cuidador que se mueve por necesidad y el pequeño comercio que pierde accesibilidad.

Si el Ayuntamiento quiere credibilidad, debe cumplir tres mínimos: proporcionalidad, alternativas reales y transparencia total (impacto por barrios, previsión de sanciones y destino íntegro de la recaudación). Y una pregunta final: si el objetivo es salud pública, ¿por qué se prioriza el castigo antes que la ayuda?

Rafael Millán Carracedo